Psiquiatría en La Red

El ministro de Trabajo y Asuntos Sociales, Jesús Caldera. (Foto: EFE)

Actualizado miércoles 11/04/2007 15:16 (CET)

EFE

MADRID.- El ministro de Asuntos Sociales, Jesús Caldera, propondrá a las comunidades autónomas que la prestación a los cuidadores familiares de las personas dependientes sea de hasta 561 euros al mes, y ha anunciado que las Administraciones Públicas destinarán este año 1.014 euros mensuales por cada beneficiario con gran dependencia.

En una visita a una residencia de ancianos de Moratalaz (Madrid), Caldera ha añadido que los familiares que cuidan a los mayores y a las personas con discapacidad que no se pueden valer por sí mismas recibirán una prestación de hasta 487 euros mensuales, además del coste de la cotización a la Seguridad Social y de las acciones de formación (74 euros), que corren a cargo del Estado.

En 2007, ha añadido el ministro de Trabajo y Asuntos Sociales, las administraciones públicas dedicarán 1.014 euros mensuales nuevos por persona con gran dependencia.

De este modo, el Gobierno y las CCAA aportarán cada uno 507 euros adicionales al mes por persona con gran dependencia, ha señalado. Caldera propondrá también a las comunidades autónomas que la prestación a los cuidadores familiares de las personas dependientes sea de hasta 561 euros mensuales.

Esta medida forma parte del desarrollo reglamentario de la Ley de Dependencia y será debatida próximamente en el Consejo Territorial de la Dependencia.

En comparación con otras prestaciones sociales públicas, la pensión no contributiva asciende a 312 euros, la pensión mínima de jubilación a 493 euros y la pensión mínima de viudedad a 493 euros.

Además de la prestación, al tener que darse de alta en la Seguridad Social los beneficiarios tendrán derecho a poder recibir la pensión correspondiente.

La cuantía definitiva que percibirá el cuidador familiar estará determinada por el grado y nivel de dependencia del beneficiario.

El Gobierno y las comunidades autónomas cofinanciarán esta prestación, tal y como establece el texto de la Ley de Dependencia, aprobada por una amplia mayoría en las Cortes.

Caldera ha explicado asimismo que su ministerio ha habilitado un fondo extraordinario de inversión de 100 millones de euros para el desarrollo de la red pública del Sistema de Dependencia. Este fondo se dedicará a la construcción de centros de día y residencias.

La Ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a Personas en Situación de Dependencia (Ley de Dependencia) establece un nuevo derecho de ciudadanía: el de los mayores y de las personas con discapacidad que no se pueden valer por sí mismas a ser atendidas por los poderes públicos, y crea el Sistema de Dependencia.

Un plazo de tres meses

A través del sistema, las personas dependientes tendrán garantizado el acceso a los servicios sociales (ayuda a domicilio, centros de día, teleasistencia, plazas residenciales) y prestaciones económicas (para el cuidador familiar o para el asistente personal) que necesiten.

La ley establece un plazo máximo de tres meses desde la constitución del Consejo Territorial de la Dependencia (finales de enero) para definir el desarrollo reglamentario (baremo, intensidad de servicios y prestaciones, régimen de la seguridad social de los cuidadores).

En la actualidad, el Gobierno y las Comunidades Autónomas ya han acordado el baremo con el que se evaluará a los ciudadanos para evaluar su grado y nivel de dependencia. En las próximas semanas, los ciudadanos podrán solicitar ya una evaluación en los servicios sociales de sus CCAA para determinar el grado y las prestaciones a las que tienen derecho.

En 2007, según la ley, tendrán acceso a la atención las personas con gran dependencia y, paulatinamente hasta 2015, se irán incorporando al sistema las personas con dependencias severas y moderadas.

Para financiar la puesta en marcha del Sistema de Dependencia, el Gobierno y las Comunidades Autónomas destinarán cerca de 26.000 millones de euros adicionales hasta 2015 (más de 800 en 2007).

I FORO

Cómo se evalúa la dependencia

El baremo para medir la discapacidad considera grandes dependientes a quienes sumen más de 75 puntos de un total de 100

Los grandes dependientes, para ser considerados como tales, tendrán que alcanzar al menos 75 puntos sobre un total de 100 cuando sean evaluados. Así lo dispone el baremo para valorar la discapacidad que el Gobierno y las comunidades autónomas tienen previsto aprobar hoy. Los representantes regionales y del Ejecutivo se constituyen como Consejo Territorial -el encargado de concretar la Ley de Dependencia- y el primer paso que darán será definir los criterios para establecer quiénes son dependientes y en qué medida. Según el texto, al que ha tenido acceso EL PAÍS, los grados y niveles de dependencia se establecen por puntos. Y éstos se otorgan en función de la incapacidad o dificultad para desempeñar ciertas tareas -vestirse, desplazarse, comer- y el grado de apoyo que necesita la persona para realizarlas. Hay un baremo específico para las personas con discapacidad física y otro para la discapacidad intelectual o enfermedad mental. En este último se valora la capacidad para tomar decisiones. Y la puntuación varía, en todos los casos, según tres tramos de edad: de 3 a 6 años, de 7 a 10 y mayores de 11.

El máximo que puede otorgar el equipo de valoración son 100 puntos -lo que supondría una dependencia extrema (de grado 3, nivel 2)-, que se dividen entre 10 actividades. Lo que más puntúa son las dificultades para comer y beber. Le siguen estas tareas, en orden de importancia según el baremo: la regulación de la micción y la defecación, desplazarse fuera del hogar, desplazarse dentro de casa, vestirse, lavarse, lo que el texto llama "transferencias corporales (sentarse, tumbarse o ponerse de pie) y, en último lugar, la realización de otros cuidados corporales como peinarse o cortarse las uñas. En el caso de los discapacitados psíquicos, la capacidad de tomar decisiones, que sólo se les aplica a ellos, se sitúa en sexto lugar.

El baremo fija una puntuación máxima para cada una de estas actividades, que se graduará en función del apoyo que necesite la persona: supervisión, asistencia física parcial, asistencia física máxima o asistencia especial para los casos de trastornos de comportamiento. No sólo se considera que alguien tiene problemas para desempeñar tareas cuando no las puede ejecutar físicamente sino también cuando no las puede comprender, no muestra iniciativa para su realización o las ejecuta sin coherencia o con desorientación. Estos últimos criterios se aplican sólo a los discapacitados psíquicos y enfermos mentales.

Los grandes dependientes, que serán los primeros en recibir las ayudas (este año), se considerarán tales cuando alcancen entre 75 y 100 puntos. Habrá dependencia severa con puntuación entre 50 y 74 y moderada cuando oscile entre los 25 y 49.

Hoy también está prevista la aprobación del baremo especial para los menores de tres años. El texto propuesto establece tres grados de dependencia pero sin niveles en cada uno de ellos. Se estudiará la actividad motriz y adaptativa del niño y la necesidad de apoyos -como un respirador mecánico o una sonda para alimentarse- para mantener funciones fisiológicas básicas. Por la posible evolución de los menores, propone que se revise la valoración a los seis meses, a los 12, a los 18, a los 24 y a los 30. A los 36 serían ya evaluados según el baremo general.

Si el Consejo Territorial, que aprueba hoy también su reglamento de funcionamiento, da el visto bueno a este baremo, la propuesta tendrá que pasar una serie de trámites y se incluirá dentro del Real Decreto que desarrolle la Ley de Dependencia. Con estos criterios, los equipos de evaluación de las comunidades autónomas tendrán que decidir quién es dependiente y en qué grado y nivel. Estos son los pasos que tendrán que seguir los que quieran recibir las prestaciones del Sistema Nacional de Dependencia.

- Solicitud de valoración. Las evaluaciones regionales probablemente no comenzarán hasta el mes de abril, que es cuando comienza a aplicarse la ley. Los que crean que van a ser considerados como grandes dependientes -los únicos que recibirán ayudas en 2007- tendrán que pedir la evaluación en su comunidad autónoma

. Acompañando la solicitud se deberá presentar un informe médico y uno social emitido por los servicios sociales que correspondan. La valoración se podrá hacer en el domicilio o en un centro específico, en función de las condiciones de cada persona.

- Calendario. El Sistema de Dependencia se pondrá en marcha paulatinamente hasta 2015. ¿Qué pasa con aquéllos que sean evaluados ahora pero se determine que no son grandes dependientes y, por lo tanto, no sean beneficiarios en 2007? La secretaria de Estado de Asuntos Sociales, Amparo Valcarce, indica que hasta que tengan derecho a las ayudas, "es posible que reciban alguna prestación con cargo al fondo estatal presupuestado de 75 millones de euros para personas mayores y con discapacidad", pero todo se decidirá cuando se vea cuántas personas quedan en esta situación.

- Grado de dependencia. El equipo de valoración determinará el grado y el nivel de la dependencia según el baremo que se aprueba hoy. A cada categoría le corresponderá una serie de prestaciones y ayudas que todavía no están fijadas pero que tendrá que determinar el Consejo Territorial en los dos próximos meses. Muchos son los extremos que deben concretarse: la cuantía exacta de las prestaciones económicas, la cartera de servicios y la intensidad que estos van a tener en función del nivel de dependencia.

- Plan Individual de Atención. Una vez determinado el nivel de discapacidad se elaborará el Plan Individual de Atención, que será acordado entre los servicios sociales y el usuario. En cualquier caso, éste siempre podrá optar por la compensación económica si así lo prefiere.

- Copago. La participación del ciudadano en el pago del servicio dependerá de su renta y patrimonio. Es otro de los extremos claves aún por fijar. Sobre la prueba de los ingresos, fuentes del Ministerio de Asuntos Sociales indican que Gobierno y comunidades autónomas se inclinan por ceñirse a las declaraciones de IRPF y del Impuesto sobre el Patrimonio. Según este criterio, no se computaría ni investigaría el patrimonio de todos aquéllos que no estén obligados a pagar a Hacienda este impuesto.

Los ciudadanos pueden preguntar sobre cualquier aspecto relativo a la ley en el teléfono 900 40 60 80, que ha recibido ya más de 15.000 llamadas. En estos momentos se está ofreciendo sólo información general, pero cuando comiencen las valoraciones y las ayudas los ciudadanos tendrán derecho a que se les indique qué tienen que hacer exactamente para ser evaluados y sobre todo lo relativo a la marcha de su expediente en el momento en que éste se abra.

Cuando la ley esté plenamente desarrollada, en 2015, se calcula que habrá más de un millón y medio de beneficiarios directos: todas aquellas personas que necesitan de la ayuda de otra para llevar a cabo su vida diaria. Los primeros atendidos, a partir de abril de 2007, serán los grandes dependientes. Aproximadamente unos 200.000. Hasta que los servicios estén funcionando en todas las comunidades autónomas, allí donde no existan serán sustituidos por ayudas económicas.

Gobierno y comunidades fijan hoy el baremo para medir el grado de discapacidad

El cómputo determinará los diferentes grados de falta o pérdida de autonomía personal de los afectados

El Gobierno y las comunidades autónomas van a constituir esta tarde el Consejo Territorial de la Dependencia, para estipular los baremos de medición de la discapacidad. Este órgano, creado a partir de la Ley de Dependencia, establecerá el tipo de prestación a la que tendrá derecho cada persona en función de su grado de dependencia.

Una vez aprobado el baremo, los servicios sociales de cada comunidad autónoma evaluarán a todo el ciudadano que quiera para determinar su posible grado y nivel de dependencia y los servicios a los que tienen derecho. A día de hoy, España cuenta con 200.000 grandes dependientes, grupo incluye a ancianos y discapacitados que necesitan ayuda varias veces al día o supervisión y apoyo generalizado. Con la nueva ley a este grupo se irá incorporando paulatinamente los dependientes moderados.

Cada comunidad autónoma coordinará a través de este Consejo el desarrollo de la Ley y la atención a las personas dependientes. El Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, que dirige Jesús Caldera, prevé que este sistema de valoración empiece ya a funcionar en primavera. La intención de Trabajo es que las evaluaciones empiecen a realizarse en abril para que los dependientes grabes puedan recibir la atención antes de verano.

Según estos cálculos, en febrero estará listo el decreto que regulará la intensidad de los servicios y las prestaciones económicas. Ahora, tanto el Gobierno como las comunidades autónomas están preparando los criterios que determinarán la aportación económica que deberán realizar los usuarios, en función de su renta y el patrimonio.

El Consejo estará constituido por el titular del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, 17 consejeros de las comunidades autónomas, 11 representantes de la Administración General del Estado, un representante por Ceuta y otro por Melilla y otros dos designados por la Federación Española de Municipios y Provincias.

Los funcionarios de cada Junta autonómica ofrecerán un formulario con preguntas sobre la capacidad para realizar tareas diarias del dependiente; hay un baremo específico para las personas con discapacidad física y otro para la discapacidad intelectual o enfermedad mental.

Los técnicos evaluarán la dependencia siguiendo unas tablas de valoración de entre 25 y 100 puntos, en función de las respuestas recibidas sobre cuestiones como los problemas para abrir botellas, cortar la carne, sorber las bebidas, lavarse las manos, cortarse las uñas, calzarse o abrocharse un botón.

Además, habrá un baremo específico para valorar la dependencia de los niños de 0 a 3 años. El documento establece tres grados de dependencia (moderada, grande y severa) pero sin niveles en cada uno de ellos.

Los expertos evaluarán también las funciones mentales y estructuras del sistema nervioso, sensoriales y del dolor, la voz y el habla, los sistemas cardiovascular, hematológico, inmunológico, respiratorio, digestivo, la movilidad y las funciones genitales y reproductoras, entre otras.

El Gobierno propone que los cuidadores de dependientes reciban hasta 561 euros al mes